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"La realidad criminal siempre va a ir por delante de la norma jurídica"

15 de febrero de 2016

Carlos Suarez-Mira-Rodriguez, magistrado-juez y ponente del curso "Nuevo Estatuto del Investigado y régimen jurídico de las medidas de investigación tecnológicas" en la extensión de Ferrol.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (1989) y Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo (1994), ha ejercido la docencia e investigación jurídicas desde 1991 en las Universidades de Valencia y Vigo y, desde 1998 hasta 2011 como profesor titular de Universidad en el Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña.

El 21 de Marzo de 2011 tomó posesión de su plaza como magistrado-juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ferrol (con competencia en violencia sobre la mujer) tras haber ingresado en la carrera judicial por el turno de juristas de reconocida competencia con el número 1 de su promoción. Desde el 23 de septiembre de 2014 hasta el 18 de octubre de 2015 estuvo destinado en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ferrol. Desde el 19 de octubre de 2015 se halla destinado en comisión de servicios en la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 2ª, orden penal.

Ha sido secretario del Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia durante el Curso 1991/92, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (Junio 1999-Febrero 2005) y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de A Coruña (2005). Profesor-tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, desde 1993 hasta la actualidad.

Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (1995-1999) y de la Audiencia Provincial de A Coruña (2000-2005, y 2009-2011).

Director general del Centro de Estudios Judiciales y Seguridad Pública de Galicia, CEXESGA, (Septiembre 2005-Enero 2007), Director general de la Academia Gallega de Seguridad Pública, AGASP, (Enero 2007-Enero 2008) y director de la Escuela Gallega de Administración Pública, EGAP, (Febrero 2008-Abril 2009), organismos autónomos de la Xunta de Galicia.

Autor de dos manuales de Derecho Penal (Parte General y Parte Especial), monografías y artículos sobre diversas cuestiones de Derecho Penal (imputabilidad, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, causas de exclusión de la pena, delitos contra la vida, administración de justicia, libertad e indemnidad sexuales, derecho electoral, medio ambiente, etc.). Numerosas conferencias sobre la materia.

Organizador de diversos eventos científicos. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Columnista en diversos medios de comunicación.

Participación en diversos proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de Educación y la Xunta de Galicia. Miembro del Equipo de Investigación “ECRIM, Criminalidad y Justicia Penal en el siglo XXI”, de la Universidad de A Coruña.Varias estancias de investigación en Universidades de Italia y Alemania (Bolonia, Friburgo de Brisgovia, Perugia y Catania).

En esta Universidad y solo durante el curso pasado reunió en torno a 600 asistentes distribuidos en 5 cursos: dos ediciones de "Delitos contra la Seguridad Vial", "Tráfico de drogas. Aspectos policiales y penales", "Medios de investigación penal y limitación de derechos" y "La violencia de género. Aspectos policiales y judiciales". La próxima cita será los días 25 y 26 de febrero, en la extensión de la UNED A Coruña en Ferrol, y donde hablará del "Nuevo Estatuto del Investigado y régimen jurídico de las medidas de investigación tecnológicas".

P.- La reciente Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con objeto de fortalecer las medidas procesales y regular las medidas de investigación tecnológicas. Sr. Suárez-Mira, ¿cómo valora el actual texto modificativo, es positivo y facilita el procedimiento?

R.- Sin duda constituye un avance notable, puesto que hasta ahora la LECRIM apenas regulaba el uso de las medidas de investigación que implican el uso de las nuevas tecnologías como las redes informáticas, las comunicaciones telefónicas y telemáticas, los dispositivos electrónicos para captar y grabar comunicaciones, los dispositivos de seguimiento de objetivos, etc. Existía una cierta inseguridad jurídica ante la falta de una normativa clara que diese una cobertura legal específica a las actuaciones policiales, lo cual se venía subsanando a través de una jurisprudencia bastante creativa.

P.- Lo cierto es que la realidad tecnológica, parece que tomaba la delantera a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, frente a las nuevas formas de delincuencia. ¿Qué era prioritario abordar antes de este texto modificativo?

R.- La realidad criminal siempre va a ir por delante de la norma jurídica. Precisamente ésta ha de ir modificándose y adaptándose a los progresos de aquélla con agilidad suficiente para no quedarse petrificada e infradotada con unos instrumentos legales incapaces de hacer frente a los retos que la delincuencia moderna plantea a la sociedad. Aunque la LECRIM (nacida en 1882) es susceptible de mejora y actualización en muchos de sus aspectos, creo que se ha empezado por uno de los más necesitados de mejora, que es el de la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.

P.- ¿En qué otros ámbitos era necesaria esta reforma legal?

R.- Lo era en una importante cuestión que presentaba contornos oscuros y suscitaba muchas quejas por parte de los abogados, como era el régimen del investigado-detenido en dependencias policiales, donde el letrado tenía una cierta sensación de convidado de piedra y parecía no quedar bien guarnecido el derecho de defensa. Ahora con claridad se consagra el derecho del detenido a designar abogado con el que podrá entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. Digamos que a nivel general se ha potenciado el derecho de defensa conforme a normativa europea.

P.- Una vez aprobado e implementado ¿es realmente solvente a la realidad procedimental?

R.- Solo el tiempo lo dirá. En principio se ha ganado en claridad, aunque hay cosas mejorables, y existe una amplia regulación legal donde únicamente había silencio. Pero la eficacia del proceso no es sólo cuestión de buenas leyes, sino de recursos humanos suficientes y medios materiales apropiados. Con poco más de 5.000 jueces y magistrados para resolver los casi 8 millones de asuntos penales que ingresan cada año, unas fuerzas y cuerpos de seguridad con un decreciente número de efectivos y medios materiales obsoletos es un verdadero milagro que el sistema policial/judicial no solo se mantenga en marcha sino que sea ejemplo para otros países. Pero ese sobreesfuerzo que llevan a cabo quienes trabajan en él no puede ser eterno ni gratuito. La inversión en el sistema de justicia es paupérrima e indigna de un país del tamaño y la importancia económica y estratégica de España y debe ser urgentemente corregida por el gobierno de turno, que es quien debe proporcionar los medios necesarios.

P.- Sr. Suárez-Mira, cada curso que se organiza en la UNED de Ferrol y en el que está Ud. como conferenciante es un éxito de participación, una edición tras otra. Los datos mencionados anteriormente hablan por sí solos. ¿Cuál es el perfil de asistentes a estos cursos: alumnos, abogados en ejercicio, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

R.- La verdad es que hay un poco de todo (alumnos de Derecho, tanto de la UNED como de otras universidades, abogados e interesados en general), pero sin duda el colectivo más ampliamente representado es el las fuerzas y cuerpos de seguridad (policía local, nacional y guardia civil). De hecho, muchos de los cursos que he impartido son respuesta a sugerencias temáticas de algunos de sus integrantes.

Además, los cursos están homologados por la Academia Galega de Seguridade Pública, lo cual representa una ventaja adicional. Trato de hacerlos amenos y prácticos y de provocar la participación activa de los alumnos (tanto presenciales como vía streaming), lo cual favorece una mejor comprensión e integración de los conocimientos en el desempeño profesional de quienes de uno u otro modo están llamados a aplicar las normas jurídicas. El balance creo que es positivo y no tengo dudas de que el éxito de los cursos tiene mucho que ver con la implicación de los alumnos en el desarrollo de las sesiones.

Más información del curso aquí.

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